El 28 de octubre de 2026, Estados Unidos y El Salvador presentaron en el Museo Nacional de Antropología Dr. David J. Guzmán (MUNA) de San Salvador un proyecto para digitalizar unas 7.000 piezas de la Colección Nacional de Arqueología. La subvención estadounidense, de 100.000 dólares, financiará 30 meses de trabajo, de septiembre de 2026 a marzo de 2029.
Lo anunciaron la subsecretaria de Estado para la Diplomacia Pública de Estados Unidos, Sarah B. Rogers, y el ministro de Cultura de El Salvador, Raúl Castillo.
El anuncio puede leerse como una medida de conservación. Es también un síntoma: la protección del patrimonio arqueológico de El Salvador se decide cada vez más en el terreno documental, en la capacidad de probar qué es cada pieza, de dónde procede y a quién pertenece.
Cada pieza contará con una ficha catalográfica estandarizada y una fotografía de alta resolución, reunidas en una plataforma web que la Embajada de Estados Unidos describe como centralizada y segura. El proyecto lo ejecutará la Dirección Nacional de Patrimonio Cultural del Ministerio de Cultura, que mantendrá la custodia administrativa de la colección durante todo el proceso.
El inventario del patrimonio arqueológico tendrá también un uso policial y aduanero. El proyecto prevé protocolos para compartir información con la Dirección General de Aduanas, la Policía Nacional Civil, INTERPOL y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP). Incluye además la formación de entre 10 y 15 profesionales de la gestión patrimonial y la redacción de procedimientos para identificar e interceptar bienes culturales en riesgo de tráfico ilícito.
La financiación procede del Cultural Property Agreement Implementation Grant (CPAIG), un programa del Departamento de Estado que gestiona su Cultural Heritage Center. Apoya proyectos en países que tienen acuerdos de protección de bienes culturales con Estados Unidos. Según sus bases, entre las actividades que financia figuran los inventarios centralizados, digitales y seguros: el tipo de herramienta que el proyecto salvadoreño se propone construir.
Las restricciones que protegen hoy el patrimonio arqueológico salvadoreño nacieron en Cara Sucia, un sitio del occidente del país, cerca de la frontera con Guatemala. Tras la reforma agraria de 1980, el yacimiento sufrió un saqueo sistemático que dejó miles de fosas abiertas, según el caso documentado por la investigadora Donna Yates para el proyecto académico Trafficking Culture.
En 1987, a petición de El Salvador, Estados Unidos impuso restricciones de emergencia a la importación de material arqueológico de esa región. En 1995 ambos países firmaron un acuerdo bilateral, renovado cada cinco años desde entonces. El memorando de 2020 amplió su alcance al material etnológico eclesiástico, es decir, a los objetos religiosos producidos desde el periodo colonial hasta la primera mitad del siglo XX. La última prórroga mantiene la protección vigente hasta el 2 de marzo de 2030.
La Embajada de Estados Unidos lo describe como «el acuerdo más antiguo de su tipo» entre su país y un país socio. Según el Federal Register, el diario oficial del Gobierno estadounidense, cubre dos categorías: el material arqueológico de las culturas prehispánicas, desde aproximadamente el 8000 a. C. hasta 1550, y el material eclesiástico fechado entre 1525 y 1950, también de forma aproximada.
En los últimos años, El Salvador ha recuperado objetos que estaban en manos privadas fuera del país. En agosto de 2024 recibió nueve piezas prehispánicas, fechadas entre los años 600 y 900, que el Comando de Carabinieri para la Tutela del Patrimonio Cultural había recuperado de coleccionistas privados en Italia. En septiembre de 2025 regresaron desde Estados Unidos cuatro cerámicas de entre los años 100 y 1000, que tras un análisis de autenticidad se depositaron en el MUNA.
El mecanismo legal es preciso. La ley estadounidense que aplica estos acuerdos solo permite importar material restringido si va acompañado de un certificado del país de origen que acredite que su exportación fue legal. La alternativa es aportar pruebas suficientes de que salió antes de que se establecieran las restricciones, entre otros supuestos tasados. Sin esa documentación, la aduana retiene la pieza y, si en 90 días no se presenta, queda sujeta a decomiso.
De ahí se desprende una consecuencia que el anuncio no formula. El inventario digital protegerá lo que ya está registrado: si una de esas 7.000 piezas desaparece, podrá identificarse por su ficha y su fotografía.
El patrimonio arqueológico que nunca entró en una colección pública, como los objetos extraídos de sitios saqueados, carece de ficha que lo identifique. Para él, la protección funciona al revés. Al menos en la frontera estadounidense, no hace falta demostrar que una pieza fue robada: es quien la posee quien debe probar que salió legalmente.
Ese principio no es exclusivo de la arqueología. Es el mismo que ordena cualquier mercado de arte con estándares profesionales, en el que la procedencia documentada es condición para que una obra circule. El alcance del acuerdo hasta 1950 lo extiende, además, a objetos religiosos de los siglos XVI a XX, un ámbito que excede la arqueología.
El sistema tiene críticos. En 2024, durante la revisión de la última prórroga, el Committee for Cultural Policy y la Global Heritage Alliance, dos organizaciones favorables al comercio lícito de bienes culturales, presentaron su posición ante el comité asesor estadounidense. Sostuvieron que, tras 37 años de restricciones, el saqueo continúa. El argumento señala un límite real: una frontera puede bloquear la entrada de una pieza, pero no impide que se extraiga.
En febrero de 2026, en un acto dedicado al memorando, el ministro Castillo afirmó que «el patrimonio cultural no es una mercancía; es memoria, identidad y herencia colectiva». La frase describe con precisión lo que está en juego. Y, sin embargo, lo que hoy protege ese patrimonio son instrumentos que el mercado conoce bien: registros, certificados, controles aduaneros.
La digitalización de la Colección Nacional de Arqueología reforzará el registro del patrimonio arqueológico que el Estado ya custodia. Queda abierta la pregunta por lo que no figura en ningún inventario: las piezas en manos privadas, dentro y fuera de El Salvador, cuya historia nadie ha documentado todavía. ¿Quién escribirá esa parte del registro?
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